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Alerta de Invasión: Comunidad Nativa Santa Teresita de Cashibococha Solicita Protección Urgente



Ucayali, 17 de marzo de 2025 — Frente a una creciente amenaza de invasión por parte de traficantes de tierras, la comunidad nativa Santa Teresita de Cashibococha ha solicitado la activación inmediata del protocolo de protección para defensores de derechos humanos.

Con el objetivo de salvaguardar su territorio ancestral y prevenir posibles hechos de violencia, representantes de la comunidad presentaron de forma oficial tres comunicaciones dirigidas a las principales autoridades de la región:

Al prefecto regional de Ucayali, a quien se le informó de la situación crítica que atraviesa la comunidad y se le solicitó que active los mecanismos correspondientes para garantizar la seguridad de sus integrantes y la defensa de sus derechos colectivos.

Al general de la Policía Nacional en Ucayali, a fin de que se refuercen las acciones de vigilancia y se intervenga oportunamente ante cualquier intento de ingreso ilegal al territorio comunal.

A la Defensoría del Pueblo, institución clave para el acompañamiento legal y la supervisión del cumplimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas frente a amenazas externas.

La presencia de traficantes de tierras en los alrededores de la comunidad ha sido identificada gracias a las rondas de monitoreo territorial realizadas por la Guardia Indígena, cuyos patrullajes constantes han sacado a la luz esta grave situación que afecta directamente a la seguridad y autonomía del territorio comunal.

Estas solicitudes fueron presentadas el 17 de marzo de 2025 y reflejan la urgente necesidad de intervención estatal ante el alarmante avance del tráfico de tierras en territorios indígenas, una problemática que pone en riesgo no solo la integridad territorial, sino también la vida de los defensores ambientales y comunitarios.

Desde nuestra organización, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad Santa Teresita de Cashibococha y exigimos que las autoridades actúen de manera rápida y efectiva para garantizar su protección, conforme a los compromisos asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos y protección de pueblos indígenas.

¡Ni un defensor más en peligro!

 
 
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